Cuando la inteligencia artificial avanza más rápido que la regulación, los riesgos más urgentes son políticos y sociales. ¿Quién decide cómo se usa? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién queda afuera? ¿Quién se beneficia en el largo plazo?

Estas preguntas nos impulsan a involucrarnos en muchas conversaciones, algunas afines y otras diametralmente opuestas. Pero es imprescindible que se den estos diálogos para que el cambio que queremos ver en el mundo suceda.

Vayamos al grano: el objetivo de fondo es que América Latina sea soberana en sus datos. Hoy prácticamente no existen marcos regulatorios regionales que lo garanticen. Las decisiones sobre cómo se almacena, procesa y monetiza la información de millones de latinoamericanos se toman, en su mayoría, fuera de la región. Cambiar esto requiere presencia donde las reglas se escriben. Por ejemplo, en los espacios de articulación público-privada donde se están tomando decisiones críticas.

A lo largo del año, participamos en más de 20 de estos espacios: desde el Congreso de la Nación y la OEA hasta el GTC 2025 de NVIDIA, y desde parlamentos locales hasta foros internacionales de gobernanza de internet.

Nuestro objetivo en todos estos casos fue el mismo: poner en la agenda de quienes definen la política tecnológica la importancia de construir una IA con criterio humano, que potencie a la humanidad, de verdad.